La polémica reglamentación del control parlamentario de los
Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) -aprobada el miércoles en el
Senado tras una extenuante sesión y defendida de manera enfática por la
senadora Cristina Kirchner- será el principal tema de debate durante
esta semana en la Cámara de Diputados.
Al igual
que lo ocurrido en la Cámara alta, la batalla entre oficialistas y
opositores promete ser áspera. La Comisión de Asuntos Constitucionales
de la Cámara baja, que encabeza el kirchnerista Juan Manuel Urtubey,
continuará mañana con el tratamiento de un puñado de proyectos
presentados para aprobar o rechazar los decretos enviados por el Poder
Ejecutivo.
Más allá de las buenas intenciones de
algunos diputados -y la existencia en el temario de otros proyectos
firmados por legisladores oficialistas como Rafael Bielsa y Alfredo
Atanasof- nadie duda de que el kirchnerismo hará suyo ese día el
dictamen del Senado sin solicitar ni efectuar cambios.
El
proyecto establece la creación de una Comisión Bicameral permanente de
16 miembros que determinará la "validez o invalidez de cada decreto"
antes de girarlo al pleno de ambas cámaras. La senadora Kirchner destacó
que la nueva redacción había terminado con la sanción ficta, es decir
que los decretos de necesidad y urgencia quedarán ratificados por el
simple silencio del Congreso.
En su artículo 20,
el proyecto autoriza a ambas cámaras a expedirse sobre el decreto
enviado por el PE una vez transcurridos los 10 días de trabajo de la
comisión bicameral, pero nada dice sobre los plazos con los que cuenta
el Parlamento. Así, el silencio del cuerpo o el rechazo de una sola de
las cámaras hará que, efectivamente, esas decisiones -usadas sin rodeos
por los últimos presidentes constitucionales- sigan vigentes.
Este
proyecto es sustancialmente diferente del que la propia senadora
presentó en 2002, en el que proponía que en 20 días hábiles ambas
cámaras debían expedirse sobre cada decreto. También establecía que si
una sola de las cámaras lo rechazaba, el DNU quedaba sin efecto.
"Habrá
debate, aunque no esperamos que haya consenso, y seguramente apoyaremos
un proyecto similar al que salió del Senado", afirmó Urtubey. En el
mismo sentido, la diputada Rosario Romero (FV-Entre Ríos) afirmó que
luego de 12 años sin reglamentar los DNU -tal como lo estable la reforma
constitucional de 1994- lo peor que se puede hacer "es no hacer nada". Y
destacó que en los artículos 10 y 13 del proyecto se habla de la
necesidad de "tratamiento expreso" del Congreso.
Las quejas
La
oposición no piensa parecido. Desde el Interbloque Propuesta Federal,
de Mauricio Macri, esgrimirán el proyecto de Jorge Vanossi, que
establece un plazo máximo de 40 días para que el Congreso se expida
sobre la validez del decreto, y 60 si es que la comisión bicameral no se
expidiera. "Hay que buscar un plazo razonable de caducidad, no es
posible que a partir de la reforma constitucional se haya incrementado
el uso y abuso de DNU", afirmó el diputado Pablo Tonelli (Pro-Capital).
"Decir
tratamiento expreso es decir poco. De hecho, hay muchos ejemplos, como
la renegociación de contratos con empresas privatizadas, en los que el
Congreso debía expedirse y no lo hizo", cuestionó la diputada de ARI
Marcela Rodríguez.
Su proyecto -también firmado
por la líder partidaria, Elisa Carrió, y Adrián Pérez- coincide en la
creación de la comisión bicameral, pero establece que el no tratamiento
por parte de las cámaras en 30 días o el rechazo de una de ellas hará
caer el decreto.
Con similares argumentos se
opondrán desde el radicalismo. "El problema es básicamente del Congreso.
¿A quién le vamos a echar la culpa si no ponemos plazos y no nos
obligamos a que las cámaras de expidan?", se sinceró el diputado Mario
Negri.
Desde el justicialismo nacional, Juan José Alvarez afirmó:
"Hay que superar la tentación de legislar por decreto sin control
político. Hoy el Ejecutivo tiene más facultades para legislar que el
Legislativo".
Desde el kirchnerismo, el
titular de la Cámara baja, Alberto Balestrini, consideró que "la
reglamentación de los DNU era un reclamo permanente, una aspiración que
viene desde la incorporación de este instrumento a la Constitución en la
reforma de 1994".
Para Urtubey, "es una gran
mejora para el sistema institucional tener una comisión bicameral que se
dedique a tratar todo lo relacionado con DNU porque en la actualidad es
difícil que se traten en el Congreso".
El apoyo
no es unánime. El ex canciller Bielsa presentó en los últimos días un
proyecto que establece un plazo de 30 días para que las cámaras se
expidan sobre la validez del decreto, y en su artículo 16 fija que "si
el decreto no fuera expresamente aprobado por ambas cámaras carecerá de
toda validez y eficacia".
Paradojas de un
oficialismo que, sin embargo, confía en alcanzar la mayoría necesaria
para impulsar el proyecto que defendió, a capa y espada, la senadora y
primera dama.
Por Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION
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