El asedio a la Legislatura por un minúsculo
grupo que impidió la sesión, rompió y quemó las puertas de acceso, no
dejó vidrio sano y retuvo como rehenes durante horas a sus trabajadores,
marca un límite que el gobierno nacional no debería ignorar, sin grave
riesgo para su futuro.
Se iban a tratar las enmiendas al Código de
Convivencia promovidas por el hombre de negocios dudosos Mauricio Macri.
Su proyecto confunde contravenciones con delitos, promueve soluciones
violentas para conflictos vecinales, devalúa la libertad de los pobres.
Con toda razón, muchos afectados procuraban hacer reflexionar a los
legisladores. Sobre estos reclamos se montaron las microfracciones de la
paleoizquierda, que sueñan con la toma del Palacio de Invierno. Como
cada vez convocan a menor número han incrementado la audacia de sus
acciones. El más silencioso y pensante de sus líderes decidió prenderle
fuego a la sede de Repsol y la escalada que se inició esa tarde no cesa.
Desprecian el marco institucional y desearían tirarlo abajo para
construir una república democrática popular del área de una manzana, que
es su máximo horizonte.
El gobierno nacional definió una política
sagaz y decente: no reprimir. Pero esto requiere una planificación y una
ejecución en el terreno, cuya ausencia es tan funcional a los intereses
creados que detestan a este gobierno imprevisto como la previsible
provocación trotskysta. En el verano de 2001/2 creían que el poder
estaba al alcance de la mano. La movilización no era de centenares sino
de decenas de miles de personas. El secretario de Seguridad Juan José Alvarez
definió una política: disuadir por el número de efectivos, el vallado y
la prevención. Con buena información (obtenida por el diálogo directo
con los manifestantes antes que por la infiltración de inteligencia) y
control político inflexible sobre una fuerza de seguridad a la que no se
le permitía el uso de armas letales, consiguió atravesar esos tórridos
meses sin víctimas que ensombrecieran más aún al país. Su minimalismo no
recibió el reconocimiento que merecía.
Hoy la contención no violenta
debería ser mucho más fácil, por la soledad en que se mueven los
adoradores del fuego. Pero la escandalosa ineficacia de la Secretaría de
Seguridad convierte cada manifestación en una ruleta rusa y encierra al
gobierno en un dilema con dos términos perdedores: los del descontrol o
la muerte. Norberto Quantín y José María Campagnoli hicieron un buen
trabajo como fiscales de la ciudad Buenos Aires. No les da para más y
cada día se les nota más. La incapacidad de ese equipo es una bendición
para quienes, como dice el presidente Kirchner, quieren inviabilizar su
gobierno. Ayer se vio que pueden lograrlo. El tiempo no sobra.
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