Por Dr. Juan José Álvarez
Mucho se habla, y desde hace bastante tiempo sobre diversas recetas para
recuperar los ni-veles de seguridad que la Argentina tuvo hasta hace
algo más de una década.
Desde comienzos de mi gestión vengo sosteniendo el peligro de recurrir a
soluciones fáciles, inmediatas, como si obrasen como expedientes
idóneos para dar cuenta de esta importante demanda de la población.
No hay, no existe en seguridad, soluciones que se obtengan de un día
para el otro, dado que los problemas y factores que produjeron este
aumento en la amenaza a nuestra seguridad sur-gen de un proceso de larga
data.
Para volver al nivel de seguridad del que gozábamos hace algún tiempo,
debemos revertir di-cho proceso de deterioro, echando mano no sólo a la
fuerza pública con la que cuenta el Go-bierno para hacer cumplir la ley,
sino también, a aquellas acciones que eviten que más y más gente
ingrese a la actividad criminal, por un lado, y disuada a los
delincuentes, por otro. Es de-cir, cada vez es más importante actuar
antes que el delito ocurra.
En esta inteligencia vinimos trabajando desde comienzos de año, en orden
a construir con las distintas fuerzas políticas y actores involucrados
en la problemática, consensos básicos que permitan dictar políticas de
Estado en la materia. En este marco surge la propuesta de actuali-zar la
política de control de armas del Estado nacional.
La mentada propuesta de política pública involucra los distintos
aspectos que conforman la problemática del control, regulación y
fiscalización del mercado de armas de fuego en la Argen-tina. Si bien la
atención pública se ha centrado en la elevación de la pena para
aquellos que porten ilegalmente armas de uso civil, el trabajo realizado
con la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, y su
par en el Senado de la Nación, no se agota en este punto.
En primer lugar, la modificación del artículo 189 bis del Código Penal
se orienta a complemen-tar la actividad policial preventiva realizada a
través de los operativos de seguridad en la Capi-tal Federal y sus
accesos. Dichos operativos buscan obstaculizar la comisión de los
delitos, lo que significa incrementar el riesgo de los delincuentes. Con
la equiparación de la portación de armas ilegales de uso civil a las de
guerra –tal es la distinción que existe hoy en la legislación- estamos,
a su vez, incrementando el costo del delincuente que salga a la calle
con un arma. De tal forma aumentamos la capacidad de disuasión del
Estado, con lo cual estamos interviniendo antes que el delincuente use
el arma, y no después cuando las consecuencias pueden ser irre-parables.
A la par, estamos incorporando figuras penales hoy inexistentes
referidas a la fabri-cación, tráfico y comercialización ilegal de armas,
tema que en muchos agendas internaciona-les figura como una de las
nuevas amenazas.
Asimismo, otro de los puntos de los proyectos que integran esta
propuesta tiene que ver con el incremento en la capacidad de
fiscalización y control del mercado legal de armas, dado que los
“filtros” o fallas que aquí se tengan alimentan el mercado ilegal, una
de las principales fuentes de la violencia criminal. Junto con ello se
encuentra la necesidad de mejorar los estándares de seguridad de los
depósitos de armas confiscadas, pues según información suministrado por
las fuerzas de seguridad, dichos estándares son sumamente asimétricos en
todo el país.
En resumen, el trabajo conjunto con las comisiones legislativas de ambas
cámaras es el punto de partida para una serie de líneas de trabajo que
den como resultado la construcción de una
política de Estado en materia de seguridad. Como dije oportunamente, no
existen soluciones mágicas ni eslóganes publicitarios que por el solo
hecho de recitarlos transformen la realidad. Sólo existe trabajo,
decisión y conducción. Este último es nuestro camino.
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